Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD

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La Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, en un paso que parece encaminado a poner en movimiento la acción pública contra ca­sos de corrupción, ha asu­mido la investigación de varios expedientes sobre actos de corrupción que tenía apoderada la fiscal del Distrito Nacional, Ro­salba Ramos.

La jefa del Ministerio Público solicito a la fis­cal titular el desapodera­miento y la devolución de los expedientes, incluyen­do la denuncia de corrup­ción contra funcionarios del Instituto Nacional de Aten­ción Integral a la Primera Infancia (INAIPI) que pre­sidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activo.

Según la denuncia, se co­metieron presuntas irregu­laridades en el IAIPI para favorecer a una empresa, hasta el momento descono­cida, con una licitación va­lorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500 pesos.

Germán Brito manifestó que decidio quitarle los ex­pedientes a la fiscal, como parte de una reingeniería enfocada en la transforma­ción integral de las indaga­torias de los procesos relati­vos a ese delito, tras señalar que los casos habían sido re­mitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.

Indicó que había pedido a la fiscal Ramos, median­te oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupción que se encon­traban en esa jurisdicción y que luego otorgó un pla­zo de 48 horas para su re­misión ante la Procuradu­ría General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.

Señaló que los citados ca­sos ameritan ser investiga­
dos siguiendo los mismos parámetros objetivos ela­borados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimien­to estandarizado, ya que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distri­to y sin seguir ningún pará­metro razonable que lo jus­tificara.

“Las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del ca­pital humano y los recur­sos técnicos indispensables para la persecución efecti­va que demandan. En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias de­pendencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley”. La jefa del Ministerio Público de­ploró que hasta el momen­to en República Dominicana los casos de corrupción se hayan investigado y proce­sado siguiendo acciones ais­ladas y sin las herramientas necesarias para instrumen­tar los procesos a la altura de las acciones criminales complejas a las que perte­necen y que son propias del crimen organizado.

Otros expedientes
Además, el caso de co­rrupción administrativa de la Oficina Metropolita­na de Servicios de Autobu­ses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pe­dro César Mota Pacheco y compartes.

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